EL AGUA ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCIA

Del agua surgieron los primeros seres vivos, evolucionaron y poblaron el planeta Tierra. Sin agua la existencia de la vida hubiese sido absolutamente imposible. El vínculo estrecho de la vida humana con el agua es intrínseco, amplio, histórico y diverso, no solo por su uso y virtudes, sino también por su valor simbólico, mágico y religioso en todas las culturas humanas. Indudablemente ningún ser humano puede vivir sin agua porque gran parte de su organismo está compuesto por agua. El agua es vida.
En la actualidad, debido a los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional, el agua es un tema prioritario en la agenda mundial y lo encontramos en el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 declarado por la ONU: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En un evento promovido por la Universidad Pontifica de Comillas de España (2021), se afirmó que “El agua debe estar en un primer nivel de prioridad como derecho humano a la vida, a la alimentación y un medio ambiente saludable”.
Por otro lado, si se quiere prolongar la existencia de la vida humana en el planeta tierra es importante, entre varias cosas, garantizar el acceso al agua a todos los hombres y mujeres del mundo. De hecho, hoy, los estados nacionales del Oriente y del Occidente están alarmados por el inexorable avance del estrés hídrico en sus países
El año pasado el World Resources Institute proyectó para el año 2050 que 25 países que representan la cuarta parte de la población mundial sufrirán la escasez extrema de agua. Estas proyecciones están basadas en los datos de la demanda y la disponibilidad del agua de cada país. Incluso, se vaticinan futuras guerras entre naciones por el agua. En esa perspectiva, la ONU confirmó que existen aproximadamente 300 zonas en el mundo en las que se presagia un conflicto a causa del agua en el año 2025.
Si no hacemos algo, para el 2050 se prevé que el Perú pasará a formar parte de los países con nivel alto de escasez de agua, es decir que entre el 40 y el 80 por ciento de la población peruana será afectada; principalmente la que habita en la ciudad de Lima, que sigue abasteciéndose de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. Cabe recordar que quienes vivimos en la ciudad de Lima, nos hemos instalado en un área constituida por estrechos valles que cruzan un extenso desierto.
En medio de este apocalíptico panorama, los estados nacionales han venido ensayando diversos modelos de gestión de los recursos hídricos para el consumo humano con políticas diseñadas e impuestas por el poder formal. Modelos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, comunidades, culturas y naturaleza. Ante el cual la ciudadanía aún no toma suficiente conciencia como para intervenir tanto en la adecuada y más equitativa gestión de su uso como en las acciones dirigidas a prepararnos al nuevo escenario que viene estableciendo el cambio climático; mientras tanto, grandes intereses privados vienen creando las condiciones para que el agua termine de convertirse absolutamente en una mercancía.
La experiencia de privatización del agua se inició en el año 1989 en Inglaterra y, posteriormente, en varios países de Europa, África y Latinoamérica. Parecía una iniciativa exitosa, pero con el correr del tiempo se ha visto las malas consecuencias sobre la vida de los usuarios, ya que el costo del servicio ha sido cada vez mayor, el maltrato constante de parte de las prestadoras privadas, la exigua inversión privada en el mantenimiento e instalación de nuevas redes de agua y alcantarillado, los cortes de suministro a sectores vulnerables, el racionamiento del agua a los barrios populares, entre otros. Un caso emblemático es el que sucede en Chile donde es común que la privatización del agua viole los derechos humanos y profundice la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
El Perú no es ajeno a esta realidad. Las políticas de privatización de los recursos naturales y propiedades estatales en el Perú comenzaron con la Constitución Política de 1993. Por ejemplo, se concesionaron indiscriminadamente grandes extensiones del subsuelo para la explotación minera y las zonas de bosques de reserva a empresas mineras y empresas agroindustriales que han causado enormes desastres territoriales, depredando extensos territorios naturales, contaminando las fuentes hídricas y afectando negativamente la vida de decenas de comunidades andinas y amazónicas. Para agravar más la situación, en diciembre 2023, el gobierno promulgó el D.L. 1620 que regula la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y urbano que en el fondo busca institucionalizar la privatización de las fuentes hídricas del Perú utilizando la figura legal del “asocio público-privado”.
En otros términos, la gestión del agua pasará a manos de las empresas privadas y, teniendo en cuenta los antecedentes que hemos mencionado, es muy probable que, cuando avance más la escasez de agua, los más perjudicadas serán las familias de más bajos ingresos que tendrán enormes dificultades para acceder a servicios cada vez más caros.
Definitivamente la norma aprobada no responde a la realidad del país y es totalmente injusta y que generará un mayor descontento y protesta de cada vez más amplios sectores.
Es importante destacar la marcha masiva del 22 de marzo del año en curso donde participaron más de 9 mil pobladores y pobladoras de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este hacia el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contra el D.L. 1620. Probablemente está acción y las siguientes acciones del Frente en Defensa del Agua y la Vida de Lima y Callao se articulen con otras demandas de la población que buscarán incidir en los poderes del Estado mediante la toma de calles, plazas, redes sociales y otros espacios públicos. No cabe duda de que la coyuntura política actual es propicia para cuestionar el modo de proceder del Gobierno Central y del Congreso de la República a los que la ciudadanía rechaza mayoritariamente: 86% desaprueba la gestión de Dina Boluarte y 92% desaprueba la gestión del Congreso de la República (Fuente. Encuesta IEP, marzo 2024).
En el distrito de El Agustino, que acaba de cumplir 59 años de fundación y 77 años desde la primera ocupación, el tema del agua comienza a despertar cada vez mayor interés en la ciudadanía, principalmente en la Zona Cerro porque las gestiones de sus demandas y proyectos no están siendo atendidas debida y oportunamente por la inoperancia y falta de voluntad política de SEDAPAL. La misma ciudadanía hará que sus demandas sobre el agua sean prioritarias en el escenario público y parte de la agenda de desarrollo local.
Hasta el momento el tema del agua en El Agustino comprende 10 preocupaciones y demandas específicas que no son atendidas por las entidades públicas competentes del Estado; estás son: 1) el racionamiento de agua en la Zona Cerro y algunas agrupaciones de vivienda de la Zona Plana; 2) el truncamiento del proyecto de mejoramiento de los sistemas de redes de agua y alcantarillado que beneficiaría a más de 30 mil familias de la Zona Cerro y que la gestión data de hace más de 15 años atrás; 3) la mala calidad del agua potable de SEDAPAL que es consumida por más de 230 mil habitantes; 4) el descuido e insalubridad de los reservorios de agua en los barrios de la Zona Cerro; 5) el alza progresiva de la tarifa de consumo de agua; 6) el uso de las aguas contaminadas del río Rímac en el riego de los parques y jardines públicos; 7) la poca cultura ciudadana en el uso adecuado del agua de consumo humano; 8) el no reúso de las aguas residuales domésticas; 9) la recuperación ecológica y ambiental de la cuenca del río Rímac; y 10) la privatización del agua impulsado por el D.L. 1620.
Los colectivos de El Agustino más interesados en levantar y movilizar a la población bajo la bandera del derecho al agua, son: el Colectivo Ciudadanos y Ciudadanas de El Agustino, el Grupo Impulsor de El Agustino, la Coordinadora Distrital de Dirigentes Vecinales de El Agustino y la Coordinadora de Pueblos Cerros Unidos de El Agustino. La mayoría de ellos vinculados al Frente en Defensa del Agua y la Vida de Lima y Callao.
Finalmente, lo que le queda a la sociedad civil es el camino de la organización, la lucha y la incidencia a nivel legal, técnico, económico, político y ético ante los que ostentan el poder real del Estado, exigiendo se reconozca el agua como un derecho y bien común nacional y que no es negociable. Asimismo, se declare el agua como fuente de vida para la humanidad y los ecosistemas, también como símbolo espiritual heredados de nuestras culturas milenarias.
(Félix Guillén Ayala, abril 2024)